Las violencias en contra de las mujeres han adquirido grandes dimensiones, tanto que ha sido necesario afrontarlas como un problema público por parte de los Estados. Estas violencias se han venido ejecutando de forma sistemática y extrema, hasta el punto de convertirse en un conjunto de actos que vulneran el derecho a la vida, sustentados en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que se han edificado a partir de los estereotipos de género construidos culturalmente. Como lo argumenta Kathleen Weiler (1988), toda violencia en contra de la mujer es producto de las relaciones desiguales de poder. Esta autora afirma que al hombre se le concedió el poder de proteger a su familia, se le concedió el derecho de disciplinar a su mujer, y no se tuvo en cuenta la autoridad legislativa de estipular las consecuencias del comportamiento autoritario y violento del hombre sobre las mujeres. Las violencias contra las mujeres, como lo afirma María Falcón (2002), tienen especiales características definitorias, causas, desarrollo cíclico progresivamente intensivo, consecuencias, implicaciones sociales y, en cualquiera de sus modalidades, su última intención es la de generar un miedo suficientemente fuerte para someterlas.
