Y es que quien quiera que reduzca el fenómeno de las autodefensas a un simple proyecto contrainsurgente, o a puros narcotraficantes, o a facciones criminales que se despojaron del control del establecimiento, está pasando por alto sus profundas implicaciones en la configuración del Estado y la sociedad en Colombia durante los inicios del siglo XXI. Desde que Carlos Castaño y los demás miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), a mediados de los noventa, introdujeron una nueva doctrina para la construcción de ejércitos privados al servicio de los hombres fuertes de las comunidades y difundieron su creación, un nuevo orden social se impuso en muchas de las regiones rurales y semiurbanas del país. Se trataba del estado de los señores de la guerra, de toda una revolución en las relaciones de poder, de una nueva forma de extraer tributos, de regular la economía, de administrar justicia, de brindar protección, de organizar la prestación de los servicios básicos y de ejercer el monopolio de la coerción. Las sociedades resultantes podían ser violentas, desiguales y precarias en su legitimidad, pero esto no impidió que se reprodujeran a velocidades vertiginosas, y que constituyeran un desafío sin precedentes a la consolidación de la democracia y a la construcción de economías modernas
