El desplazamiento de personas en Colombia no es un daño colateral del conflicto, sino un objetivo de quienes participan o se benefician del mismo: el ejército, las guerrillas y los grupos paramilitares, pero también el narcotráfico y los intereses económicos de empresas nacionales y transnacionales, cuyos proyectos agroindustriales y extractivos respaldan el desalojo de tierras. La asistencia y protección de los desplazados y la restitución de sus bienes no solo es un imperativo humanitario, sino un elemento fundamental para una paz sostenible y duradera.
